Según la Ley 1757 de 2015, el control social es el derecho y el deber de la ciudadanía a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones y redes sociales, en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública y sus resultados, de acuerdo con lo establecido en la normativa e instrumentos de planeación y gestión pública.
Es uno de los niveles y modalidad de la participación, en tanto materializa la incidencia ciudadana y contribuye con el fortalecimiento de la democracia mediante el seguimiento al desempeño de los agentes públicos y de aquellos privados que ejercen funciones públicas, al cabal cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado y al uso correcto de los recursos que soportan la gestión de los asuntos colectivos.
La función pública, buscando fortalecer los ejercicios de control social de la ciudadanía, promueve la información, formación y apropiación al respecto. En el siguiente enlace puedes acceder a capacitación y herramientas contempladas en el marco del Plan Nacional de Formación para el Control Social a la Gestión Pública: www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social
Veedurías ciudadanas
Una de las formas más conocidas en Colombia de control social, son las veedurías ciudadanas, incorporadas como […] el mecanismo democrático de representación que le permite a la ciudadanía o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública.
Pasos para construir una veeduría ciudadana:
De conformidad a la Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas, Sapiencia dentro de su quehacer misional no tiene incidencia directa con proyectos de veedurías.
No obstante, Sapiencia como entidad pública rendirá información a las veedurías siempre que estas lo requieran; en el entendido, que la Ley las contempla como el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como, a las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público (Articulo 1. Ley 850 de 2003).
